La legislatura de la Igualdad

Uno de los progresos más necesarios y notables de las sociedades avanzadas es el trabajo por la obtención de la plena igualdad entre hombres y mujeres. En España, tras truncarse los pasos que en ese sentido había dado la II República, sólo pudieron emprenderse, de forma efectiva, políticas en pro de la igualdad una vez desaparecida la dictadura y recuperada la libertad.

No obstante, está claro que, aunque es mucho lo conseguido en este campo durante estas décadas de democracia, aún persisten múltiples discriminaciones, derivadas de una mentalidad arraigada en concepciones arcaicas muy difíciles de erradicar en el escaso tiempo (en términos históricos) que la sociedad lleva trabajando por su superación. Discriminaciones salariales en perjuicio de la mujer, perjuicios laborales por causa de su maternidad, una representación casi nula en el mundo empresarial, escasa presencia, durante muchos años, en las responsabilidades políticas, y tantas otras...

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha trabajado, desde el mismo momento en que alcanzó el poder, por la erradicación de estas discriminaciones, con un grado de sensibilización hacia este problema que ha marcado un auténtico récord: un trabajo que comenzó con la formación del primer Gobierno paritario de la historia de España (que, entre otras cosas, ha propiciado que, por primera vez, en ausencia del presidente, una mujer haya ejercido la presidencia del Gobierno en funciones en nuestro país, presidiendo varias veces la reunión del Consejo de Ministros: María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y un auténtico orgullo para todos/as los/las socialistas y ciudadanos/as en general por el magnífico trabajo que ha desempeñado desde sus cargos en la actual legislatura y que, sin duda alguna, seguirá desempeñando en la próxima), y que ha alcanzado su máxima expresión con la Ley que hace ya casi un año aprobó el Congreso de los Diputados con el voto unánime de todos los Grupos Parlamentarios (salvo el PP, que se abstuvo): la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.

Con la aplicación de esta Ley, los consejos de administración de las grandes empresas deberán contar con, al menos, un 40% de representación femenina (se acabó, por tanto, el cerrar el paso a mujeres preparadas sólo por el hecho de ser mujeres), deberán negociarse planes de igualdad en las empresas con más de 250 empleados, se adoptan medidas contra la discriminación laboral y contra el acoso sexual, se reforma el acceso al empleo público y la cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, se promueven la paridad en los cargos directivos empresariales y medidas contra la discriminación de la mujer en todos los ámbitos sociales. Otra medida destacada consiste en la ampliación, en una serie de supuestos, del permiso de maternidad, reconociéndose complementariamente un permiso de paternidad de 13 días que, progresivamente, se irá ampliando hasta los 4 meses (y es que el cuidado de los hijos es una tarea que ambos progenitores deben compartir; no tiene ningún sentido que se cargue por completo tan sólo sobre las madres como, de forma incomprensible, se ha hecho de facto durante tantos años al limitar a ellas el permiso por el nacimiento de los hijos).

Y, naturalmente, la Ley de Igualdad obliga a la paridad en las listas electorales, con el fin de aumentar sustancialmente la presencia de la mujer en los puestos de representación pública de este país: todas las listas, sean de la formación que sean, han de contar con un mínimo de mujeres equivalente al 40% de sus integrantes. Y este aspecto fue al que se agarró la derecha para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la igualdad garantizada por esta Ley, en su obsesión por arremeter contra cualquier medida emanada del actual Gobierno de España. Dicho recurso ha sido recientemente desestimado por el Tribunal Constitucional, que con su decisión ha posibilitado que la igualdad siga avanzando en nuestro país... a pesar de la derecha.

Y es que la derecha parece incapaz de desprenderse de sus más que gastados clichés, propios de la España de otros tiempos que hace mucho quedaron, afortunadamente, atrás. El pasado lunes 4 de febrero, sin ir más lejos, oíamos al número dos electoral de Rajoy, Manuel Pizarro, decir que le gustaría comprar al presidente Zapatero la voz de su esposa, Sonsoles Espinosa. Semejante rebuzno nos aclara muchas cosas acerca del "señor" Pizarro: todavía cree que las mujeres casadas son propiedad de sus maridos (la voz de Espinosa pretende comprársela a Zapatero), y se piensa también que, no sólo serían propiedad de otra persona (sus maridos), sino que además, y siendo consecuente con tan delirante idea, cree que pueden comprarse, en todo o en parte, a dicho propietario.

Pues váyase enterando, señor Pizarro, de que Sonsoles Espinosa, como todas las mujeres, sean solteras, casadas, divorciadas o viudas, sólo se pertenece a sí misma, y ni su voz ni nada de ella puede pertenecer en propiedad a nadie más que a ella, por lo que no están en venta para nadie. Es evidente que a Manuel Pizarro le hace mucha falta volver al colegio... a aprender un poco de Educación para la Ciudadanía.