El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero no deja de dar alegrías a cuantos tienen dificultades para cubrir sus gastos personales, y de un modo muy especial en una materia que afecta muy directamente a la juventud: la vivienda.
No es sólo que el incremento de los precios de la vivienda haya pasado, desde el 15% de los tiempos del PP, hasta el 5% del año 2007, sino que se han adoptado medidas para favorecer activamente el acceso de los jóvenes a la vivienda, y para que cuantos traten de adquirir una lo tengan un poco más fácil.
Citando las dos más recientes, destacan las ayudas al alquiler de 210€, establecidas por el Ministerio de Vivienda, y que han empezado a abonarse de forma efectiva este mismo mes. Previamente, se habían recibido las solicitudes de los/las interesados/as, en un número que dejó pequeñas las previsiones más optimistas. Sin duda, es uno de los mayores éxitos cosechados por la compañera Carme Chacón en sus (hasta el momento) 7 meses al frente de Vivienda. El fomento del alquiler de viviendas en lugar de la compra en propiedad permitirá satisfacer de forma efectiva el derecho que todos/as tienen a una vivienda digna en un grado mucho mayor que el que hasta ahora se había podido alcanzar.
Hoy, 25 de febrero de 2008, hemos conocido, a través del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes (reciente y brillante ganador del debate sobre economía, emitido el pasado día 21 por Antena 3, y que lo enfrentó con el aspirante del PP al cargo, Manuel Pizarro; la solvencia y la confianza transmitidas por Pedro Solbes se impusieron al catastrofismo sin fundamento y a la demagogia infantil empleadas por Pizarro), una nueva medida, que esta vez va en beneficio de las familias afectadas por el pago de una hipoteca (un problema muy extendido entre la población española, especialmente entre las familias más jóvenes).
Sólo al comienzo de 2008, el euríbor (índice europeo que determina el incremento de las cuotas hipotecarias) ha comenzado a descender, pero ese descenso tardará un poco en trasladarse a los pagos mensuales, y además, los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo (BCE) siguen siendo altos. Por todo ello, el vicepresidente Solbes ha anunciado que se ofrecerá a los/las hipotecados/as la oportunidad de ampliar gratuitamente el plazo de pago de su hipoteca, de tal manera que las cuotas mensuales que deban pagar se vean reducidas, haciendo el abono de las mismas mucho más asequible para los/las ciudadanos/as.
Esto, unido a la devolución de 400€ en el IRPF para los trabajadores, pensionistas y autónomos, supone un conjunto de atenciones sociales de una enorme importancia para las familias de este país en general, y de un modo muy especial para los/las jóvenes por lo que se refiere al acceso a la vivienda. Estas medidas son una buena muestra de lo que se puede lograr con una justa distribución social de la riqueza generada por el crecimiento económico que disfrutamos y el superávit público logrado por el Gobierno. Así es como se ayuda a las familias que puedan sufrir dificultades por las turbulencias generadas por Estados Unidos en los últimos meses, y no con los "decretos brutales" que proponen Rajoy, Cañete o Pizarro, que sólo conducen a situaciones como la del "decretazo" de 2002, que llevó a una huelga general, y al recorte de derechos a los más débiles (los trabajadores, los pensionistas [a los que Pizarro propuso adoptar el sistema de la dictadura fascista de Pinochet en Chile, por mucho que ahora lo niegue sin credibilidad alguna]).
Preocuparse por el bienestar de los jóvenes, de los trabajadores, de las familias, supone ofrecer atenciones sociales, y no decretos brutales. El pasado jueves todos pudimos ver triunfar las primeras sobre los segundos en el debate Solbes-Pizarro. Ahora hemos de seguir viendo triunfar el progresismo y el futuro con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno durante los próximos cuatro años, gracias a un contundente triunfo del PSOE el día 9 de marzo. ¡Todos/as a votar! ¡Todos/as con Zapatero!
lunes, 25 de febrero de 2008
sábado, 9 de febrero de 2008
La legislatura de la Igualdad
Uno de los progresos más necesarios y notables de las sociedades avanzadas es el trabajo por la obtención de la plena igualdad entre hombres y mujeres. En España, tras truncarse los pasos que en ese sentido había dado la II República, sólo pudieron emprenderse, de forma efectiva, políticas en pro de la igualdad una vez desaparecida la dictadura y recuperada la libertad.
No obstante, está claro que, aunque es mucho lo conseguido en este campo durante estas décadas de democracia, aún persisten múltiples discriminaciones, derivadas de una mentalidad arraigada en concepciones arcaicas muy difíciles de erradicar en el escaso tiempo (en términos históricos) que la sociedad lleva trabajando por su superación. Discriminaciones salariales en perjuicio de la mujer, perjuicios laborales por causa de su maternidad, una representación casi nula en el mundo empresarial, escasa presencia, durante muchos años, en las responsabilidades políticas, y tantas otras...
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha trabajado, desde el mismo momento en que alcanzó el poder, por la erradicación de estas discriminaciones, con un grado de sensibilización hacia este problema que ha marcado un auténtico récord: un trabajo que comenzó con la formación del primer Gobierno paritario de la historia de España (que, entre otras cosas, ha propiciado que, por primera vez, en ausencia del presidente, una mujer haya ejercido la presidencia del Gobierno en funciones en nuestro país, presidiendo varias veces la reunión del Consejo de Ministros: María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y un auténtico orgullo para todos/as los/las socialistas y ciudadanos/as en general por el magnífico trabajo que ha desempeñado desde sus cargos en la actual legislatura y que, sin duda alguna, seguirá desempeñando en la próxima), y que ha alcanzado su máxima expresión con la Ley que hace ya casi un año aprobó el Congreso de los Diputados con el voto unánime de todos los Grupos Parlamentarios (salvo el PP, que se abstuvo): la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
Con la aplicación de esta Ley, los consejos de administración de las grandes empresas deberán contar con, al menos, un 40% de representación femenina (se acabó, por tanto, el cerrar el paso a mujeres preparadas sólo por el hecho de ser mujeres), deberán negociarse planes de igualdad en las empresas con más de 250 empleados, se adoptan medidas contra la discriminación laboral y contra el acoso sexual, se reforma el acceso al empleo público y la cotización a la Seguridad Social.
Asimismo, se promueven la paridad en los cargos directivos empresariales y medidas contra la discriminación de la mujer en todos los ámbitos sociales. Otra medida destacada consiste en la ampliación, en una serie de supuestos, del permiso de maternidad, reconociéndose complementariamente un permiso de paternidad de 13 días que, progresivamente, se irá ampliando hasta los 4 meses (y es que el cuidado de los hijos es una tarea que ambos progenitores deben compartir; no tiene ningún sentido que se cargue por completo tan sólo sobre las madres como, de forma incomprensible, se ha hecho de facto durante tantos años al limitar a ellas el permiso por el nacimiento de los hijos).
Y, naturalmente, la Ley de Igualdad obliga a la paridad en las listas electorales, con el fin de aumentar sustancialmente la presencia de la mujer en los puestos de representación pública de este país: todas las listas, sean de la formación que sean, han de contar con un mínimo de mujeres equivalente al 40% de sus integrantes. Y este aspecto fue al que se agarró la derecha para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la igualdad garantizada por esta Ley, en su obsesión por arremeter contra cualquier medida emanada del actual Gobierno de España. Dicho recurso ha sido recientemente desestimado por el Tribunal Constitucional, que con su decisión ha posibilitado que la igualdad siga avanzando en nuestro país... a pesar de la derecha.
Y es que la derecha parece incapaz de desprenderse de sus más que gastados clichés, propios de la España de otros tiempos que hace mucho quedaron, afortunadamente, atrás. El pasado lunes 4 de febrero, sin ir más lejos, oíamos al número dos electoral de Rajoy, Manuel Pizarro, decir que le gustaría comprar al presidente Zapatero la voz de su esposa, Sonsoles Espinosa. Semejante rebuzno nos aclara muchas cosas acerca del "señor" Pizarro: todavía cree que las mujeres casadas son propiedad de sus maridos (la voz de Espinosa pretende comprársela a Zapatero), y se piensa también que, no sólo serían propiedad de otra persona (sus maridos), sino que además, y siendo consecuente con tan delirante idea, cree que pueden comprarse, en todo o en parte, a dicho propietario.
Pues váyase enterando, señor Pizarro, de que Sonsoles Espinosa, como todas las mujeres, sean solteras, casadas, divorciadas o viudas, sólo se pertenece a sí misma, y ni su voz ni nada de ella puede pertenecer en propiedad a nadie más que a ella, por lo que no están en venta para nadie. Es evidente que a Manuel Pizarro le hace mucha falta volver al colegio... a aprender un poco de Educación para la Ciudadanía.
No obstante, está claro que, aunque es mucho lo conseguido en este campo durante estas décadas de democracia, aún persisten múltiples discriminaciones, derivadas de una mentalidad arraigada en concepciones arcaicas muy difíciles de erradicar en el escaso tiempo (en términos históricos) que la sociedad lleva trabajando por su superación. Discriminaciones salariales en perjuicio de la mujer, perjuicios laborales por causa de su maternidad, una representación casi nula en el mundo empresarial, escasa presencia, durante muchos años, en las responsabilidades políticas, y tantas otras...
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha trabajado, desde el mismo momento en que alcanzó el poder, por la erradicación de estas discriminaciones, con un grado de sensibilización hacia este problema que ha marcado un auténtico récord: un trabajo que comenzó con la formación del primer Gobierno paritario de la historia de España (que, entre otras cosas, ha propiciado que, por primera vez, en ausencia del presidente, una mujer haya ejercido la presidencia del Gobierno en funciones en nuestro país, presidiendo varias veces la reunión del Consejo de Ministros: María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno y un auténtico orgullo para todos/as los/las socialistas y ciudadanos/as en general por el magnífico trabajo que ha desempeñado desde sus cargos en la actual legislatura y que, sin duda alguna, seguirá desempeñando en la próxima), y que ha alcanzado su máxima expresión con la Ley que hace ya casi un año aprobó el Congreso de los Diputados con el voto unánime de todos los Grupos Parlamentarios (salvo el PP, que se abstuvo): la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.
Con la aplicación de esta Ley, los consejos de administración de las grandes empresas deberán contar con, al menos, un 40% de representación femenina (se acabó, por tanto, el cerrar el paso a mujeres preparadas sólo por el hecho de ser mujeres), deberán negociarse planes de igualdad en las empresas con más de 250 empleados, se adoptan medidas contra la discriminación laboral y contra el acoso sexual, se reforma el acceso al empleo público y la cotización a la Seguridad Social.
Asimismo, se promueven la paridad en los cargos directivos empresariales y medidas contra la discriminación de la mujer en todos los ámbitos sociales. Otra medida destacada consiste en la ampliación, en una serie de supuestos, del permiso de maternidad, reconociéndose complementariamente un permiso de paternidad de 13 días que, progresivamente, se irá ampliando hasta los 4 meses (y es que el cuidado de los hijos es una tarea que ambos progenitores deben compartir; no tiene ningún sentido que se cargue por completo tan sólo sobre las madres como, de forma incomprensible, se ha hecho de facto durante tantos años al limitar a ellas el permiso por el nacimiento de los hijos).
Y, naturalmente, la Ley de Igualdad obliga a la paridad en las listas electorales, con el fin de aumentar sustancialmente la presencia de la mujer en los puestos de representación pública de este país: todas las listas, sean de la formación que sean, han de contar con un mínimo de mujeres equivalente al 40% de sus integrantes. Y este aspecto fue al que se agarró la derecha para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la igualdad garantizada por esta Ley, en su obsesión por arremeter contra cualquier medida emanada del actual Gobierno de España. Dicho recurso ha sido recientemente desestimado por el Tribunal Constitucional, que con su decisión ha posibilitado que la igualdad siga avanzando en nuestro país... a pesar de la derecha.
Y es que la derecha parece incapaz de desprenderse de sus más que gastados clichés, propios de la España de otros tiempos que hace mucho quedaron, afortunadamente, atrás. El pasado lunes 4 de febrero, sin ir más lejos, oíamos al número dos electoral de Rajoy, Manuel Pizarro, decir que le gustaría comprar al presidente Zapatero la voz de su esposa, Sonsoles Espinosa. Semejante rebuzno nos aclara muchas cosas acerca del "señor" Pizarro: todavía cree que las mujeres casadas son propiedad de sus maridos (la voz de Espinosa pretende comprársela a Zapatero), y se piensa también que, no sólo serían propiedad de otra persona (sus maridos), sino que además, y siendo consecuente con tan delirante idea, cree que pueden comprarse, en todo o en parte, a dicho propietario.
Pues váyase enterando, señor Pizarro, de que Sonsoles Espinosa, como todas las mujeres, sean solteras, casadas, divorciadas o viudas, sólo se pertenece a sí misma, y ni su voz ni nada de ella puede pertenecer en propiedad a nadie más que a ella, por lo que no están en venta para nadie. Es evidente que a Manuel Pizarro le hace mucha falta volver al colegio... a aprender un poco de Educación para la Ciudadanía.
jueves, 31 de enero de 2008
Un Gobierno del futuro, una oposición del pasado
Los últimos 4 años han supuesto un importante impulso de modernidad y de progreso para la ciudadanía de toda España. Es de destacar un rasgo definitorio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que, de un modo muy especial, se identifica con la juventud: el Gobierno Zapatero es el Gobierno del futuro.
En efecto, la legislatura 2004-2008 se ha caracterizado por un salto hacia el futuro en todos los campos, ya se trate del indiscutible avance en los derechos sociales, el impulso a la investigación médica, científica en general, al desarrollo, a la cooperación internacional (recordando que avanzamos con paso constante hacia la meta del 0,7% del PIB dedicado a ayuda al desarrollo de los países pobres), la política de vivienda (que en esta legislatura ha aportado varios importantes Planes gubernamentales para ayudar a los/las jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, destacando las ayudas al alquiler, mientras el incremento de los precios ha pasado del 15% de los tiempos del PP a situarse por debajo del 5% en 2007), así como muchas otras muestras de la apuesta del Gobierno socialista por el progreso de nuestro país (yo suelo decir, a propósito de la ya vieja polémica acerca de si este siglo comenzó en el año 2000 o en el año 2001, que en España el siglo XXI comenzó en el año 2004. Y es que sólo con una decidida apuesta por la ciencia y por los derechos sociales se puede entrar en el mundo del futuro).
Frente al camino hacia el futuro recorrido por el Gobierno Zapatero, durante estos 4 años hemos podido contemplar a una oposición del PP inmersa en un viaje demencial, a través del túnel del tiempo, con destino en los tiempos de las cavernas. El último ejemplo lo hemos visto hace bien poco tiempo, el pasado martes 29 de enero, al desestimar el Tribunal Constitucional el recurso presentado por la derecha contra la Ley de Igualdad, propuesta por el Gobierno socialista y aprobada por el Parlamento. La felizmente frustrada oposición de las huestes de Rajoy contra la igualdad entre hombres y mujeres es sólo una pequeña muestra de hasta dónde ha sido capaz de llegar una oposición que se ha basado únicamente en el permanente vaticinio de catástrofes que nunca se consuman, pero que es evidente que se desean fervientemente en la calle Génova. Se ha hecho lo imposible por dinamitar un legítimo intento de acabar con el terrorismo mediante el diálogo, cuando el Partido Socialista había dado todo su apoyo al Gobierno Aznar cuando éste intento lo mismo en 1998-99. Salen a la calle, agarrados a las sotanas, para oponerse a todo lo que signifique extender derechos sociales o educar a la gente, desde la infancia, en la convivencia y el respeto mutuo (como si la convivencia democrática supusiera una amenaza para ellos: ¿por qué lo creerán así?). En definitiva, la derecha ha basado su oposición en dar un rotundo "NO" a arrimar el hombro para el provecho general de los/las ciudadanos/as, y lo que es más, en poner la zancadilla a los esfuerzos que los demás han realizado para ese provecho. Una oposición al progreso de lo más cavernaria y retrógrada, batiendo todos los récords de obstruccionismo y cerrazón vistos en los últimos 30 años.
Eso es lo que nos jugamos el próximo 9 de marzo: continuar caminando hacia el futuro con José Luis Rodríguez Zapatero y todo su equipo, o sumirnos en el inacabable viaje hacia las cavernas que nos propone (previo permiso de su "lideresa" y un melenudo con bigote de todos/as bien conocido) el señor Rajoy. A los/las jóvenes nos sobran motivos para, junto con el resto de la ciudadanía, no tener ni la menor duda: el próximo 9 de marzo, por el futuro, todos/as con Zapatero.
En efecto, la legislatura 2004-2008 se ha caracterizado por un salto hacia el futuro en todos los campos, ya se trate del indiscutible avance en los derechos sociales, el impulso a la investigación médica, científica en general, al desarrollo, a la cooperación internacional (recordando que avanzamos con paso constante hacia la meta del 0,7% del PIB dedicado a ayuda al desarrollo de los países pobres), la política de vivienda (que en esta legislatura ha aportado varios importantes Planes gubernamentales para ayudar a los/las jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, destacando las ayudas al alquiler, mientras el incremento de los precios ha pasado del 15% de los tiempos del PP a situarse por debajo del 5% en 2007), así como muchas otras muestras de la apuesta del Gobierno socialista por el progreso de nuestro país (yo suelo decir, a propósito de la ya vieja polémica acerca de si este siglo comenzó en el año 2000 o en el año 2001, que en España el siglo XXI comenzó en el año 2004. Y es que sólo con una decidida apuesta por la ciencia y por los derechos sociales se puede entrar en el mundo del futuro).
Frente al camino hacia el futuro recorrido por el Gobierno Zapatero, durante estos 4 años hemos podido contemplar a una oposición del PP inmersa en un viaje demencial, a través del túnel del tiempo, con destino en los tiempos de las cavernas. El último ejemplo lo hemos visto hace bien poco tiempo, el pasado martes 29 de enero, al desestimar el Tribunal Constitucional el recurso presentado por la derecha contra la Ley de Igualdad, propuesta por el Gobierno socialista y aprobada por el Parlamento. La felizmente frustrada oposición de las huestes de Rajoy contra la igualdad entre hombres y mujeres es sólo una pequeña muestra de hasta dónde ha sido capaz de llegar una oposición que se ha basado únicamente en el permanente vaticinio de catástrofes que nunca se consuman, pero que es evidente que se desean fervientemente en la calle Génova. Se ha hecho lo imposible por dinamitar un legítimo intento de acabar con el terrorismo mediante el diálogo, cuando el Partido Socialista había dado todo su apoyo al Gobierno Aznar cuando éste intento lo mismo en 1998-99. Salen a la calle, agarrados a las sotanas, para oponerse a todo lo que signifique extender derechos sociales o educar a la gente, desde la infancia, en la convivencia y el respeto mutuo (como si la convivencia democrática supusiera una amenaza para ellos: ¿por qué lo creerán así?). En definitiva, la derecha ha basado su oposición en dar un rotundo "NO" a arrimar el hombro para el provecho general de los/las ciudadanos/as, y lo que es más, en poner la zancadilla a los esfuerzos que los demás han realizado para ese provecho. Una oposición al progreso de lo más cavernaria y retrógrada, batiendo todos los récords de obstruccionismo y cerrazón vistos en los últimos 30 años.
Eso es lo que nos jugamos el próximo 9 de marzo: continuar caminando hacia el futuro con José Luis Rodríguez Zapatero y todo su equipo, o sumirnos en el inacabable viaje hacia las cavernas que nos propone (previo permiso de su "lideresa" y un melenudo con bigote de todos/as bien conocido) el señor Rajoy. A los/las jóvenes nos sobran motivos para, junto con el resto de la ciudadanía, no tener ni la menor duda: el próximo 9 de marzo, por el futuro, todos/as con Zapatero.
jueves, 17 de enero de 2008
Ley de Dependencia: nuevos derechos sociales
Al igual que sucedió, durante la anterior etapa de Gobierno socialista (1982-1996), con la universalización de la educación, la sanidad o las pensiones, el actual Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha añadido un nuevo pilar a nuestro Estado del Bienestar: la Ley de Dependencia.
Es ésta una Ley que ofrece beneficios sociales en una doble dirección: por una parte, garantiza a las personas en situación de dependencia (personas mayores o [ya en cualquier edad] que padezcan cualquier clase de discapacidad) el acceso a toda una serie de servicios sociales destinados a posibilitar el normal ejercicio de su vida cotidiana que, de otro modo, se vería seriamente obstaculizada por efecto de la discapacidad padecida. Por otro lado, ofrece prestaciones económicas para los cuidadores familiares de la persona dependiente o, si fuese necesario, para la contratación de un asistente personal.
La Ley garantiza ya estos derechos a los grandes dependientes (que son los más graves), y este año se extienden a los dependientes severos, implantándose el sistema asistencial previsto, de forma gradual, desde 2007 hasta 2015.
Pero lo que, sin duda, hace que la Ley de Dependencia resulte de especial interés para los jóvenes es la importante creación de empleo que llevará consigo, junto con las salidas laborales que ofrece. Así, se prevé que, a lo largo de los próximos 7 años, la aplicación de esta Ley suponga la creación de hasta 500.000 nuevos puestos de trabajo (en 2007 ha supuesto ya la creación de hasta 200.000); así mismo, la prestación económica por cuidado familiar permitirá que los familiares de personas dependientes que se ocupen del cuidado de las mismas puedan percibir una prestación de 487 €, con cotización a la Seguridad Social por razón de estos cuidados, así como recibir formación de utilidad para su futura inserción laboral.
El acceso a estos servicios y prestaciones requiere una evaluación del grado y nivel de la situación de Dependencia; una evaluación que ha de solicitarse en los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En definitiva, con la Ley de Dependencia se ha logrado avanzar nuevamente un gran trecho en los derechos sociales de todos los ciudadanos, y para los jóvenes de toda España va a suponer una importante fuente de puestos de trabajo y de formación laboral, de gran provecho para el futuro de los beneficiados por estas prestaciones.
Es ésta una Ley que ofrece beneficios sociales en una doble dirección: por una parte, garantiza a las personas en situación de dependencia (personas mayores o [ya en cualquier edad] que padezcan cualquier clase de discapacidad) el acceso a toda una serie de servicios sociales destinados a posibilitar el normal ejercicio de su vida cotidiana que, de otro modo, se vería seriamente obstaculizada por efecto de la discapacidad padecida. Por otro lado, ofrece prestaciones económicas para los cuidadores familiares de la persona dependiente o, si fuese necesario, para la contratación de un asistente personal.
La Ley garantiza ya estos derechos a los grandes dependientes (que son los más graves), y este año se extienden a los dependientes severos, implantándose el sistema asistencial previsto, de forma gradual, desde 2007 hasta 2015.
Pero lo que, sin duda, hace que la Ley de Dependencia resulte de especial interés para los jóvenes es la importante creación de empleo que llevará consigo, junto con las salidas laborales que ofrece. Así, se prevé que, a lo largo de los próximos 7 años, la aplicación de esta Ley suponga la creación de hasta 500.000 nuevos puestos de trabajo (en 2007 ha supuesto ya la creación de hasta 200.000); así mismo, la prestación económica por cuidado familiar permitirá que los familiares de personas dependientes que se ocupen del cuidado de las mismas puedan percibir una prestación de 487 €, con cotización a la Seguridad Social por razón de estos cuidados, así como recibir formación de utilidad para su futura inserción laboral.
El acceso a estos servicios y prestaciones requiere una evaluación del grado y nivel de la situación de Dependencia; una evaluación que ha de solicitarse en los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma correspondiente.
En definitiva, con la Ley de Dependencia se ha logrado avanzar nuevamente un gran trecho en los derechos sociales de todos los ciudadanos, y para los jóvenes de toda España va a suponer una importante fuente de puestos de trabajo y de formación laboral, de gran provecho para el futuro de los beneficiados por estas prestaciones.
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